Mónica López Baltodano (Nicaragua, 1984) es una joven abogada y notaria pública especializada en cambio climático y derecho ambiental que durante los últimos años ha ejercido como asesora legal del Movimiento Campesino Anticanal. Esta plataforma social está formada principalmente por campesinos que están en contra del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, un proyecto faraónico concesionado al empresario chino Wang Jing a través de la Ley 840 aprobada por el gobierno de Daniel Ortega. Su construcción–que de momento está paralizada, en parte debido a la fuerte resistencia de este movimiento- violaría más de una decena de convenios y tratados mundiales de protección y conservación de los recursos naturales.
Gracias a su trabajo, a su firme oposición y a su espíritu combativo, Baltodano se ha convertido en uno de los rostros más populares y representativos de la lucha de los campesinos contra el Gran Canal. La abogada –que es miembro de la Red Internacional de Escritores por la Tierra- ha denunciado en múltiples ocasiones la ilegalidad de la ley que adjudicó la construcción de la infraestructura. Baltonado también ha investigado la red de empresas que se creó para gestionar el proyecto. En este sentido, ha denunciado que la Ley 840 es “un enorme cheque en blanco en el bolsillo, y un mecanismo ágil para hacer dinero en pocas manos a costa de la entrega de la soberanía nacional y de pisotear los derechos humanos de los nicaragüenses”.
Toda esta batalla ha tenido sus consecuencias, ya que la abogada y notaria nicaragüense ha sufrido episodios de acoso policial. Pero no han conseguido acobardarla. Así, el próximo 4 de mayo presentará en Managua su segundo libro, ‘La entrega de un país, expediente jurídico de la concesión canalera en Nicaragua’ en el que recopila todo el trabajo legal que ha elaborado durante más de tres años en torno a la construcción del Gran Canal y la ilegalidad de la Ley 840.
Se le otorga un Premi Ones (Reconocimiento Mediterráneo-Atlántico) por ser un referente del Movimiento Campesino Anticanal de Nicaragua y rebelarse ante un proyecto que va en contra de las clases más desprotegidas, por investigar y demostrar las irregularidades de la concesión canalera, y por defender que el futuro de su país se debe sustentar en la protección y conservación de su patrimonio natural.