Un día después de estar en el Parlamento Europeo exponiendo mi caso y el de varios compañeros más, gracias a Esquerra Republicana de Catalunya (Jordi Solé) y Unidos Podemos (Javi Couso), la realidad española nos aplastó de nuevo. Después de la esperanza y la ilusión recogida en Bruselas, la sargento María Serrano se encontró desahuciada (su vivienda precintada) y yo recibí una notificación de la Sala V de lo Militar del Tribunal Supremo confirmando que el próximo 30 de octubre a las 10:30 horas resolverán el último de los recursos pendientes en su tribunal (hay más en el TC y en el TEDH). Con menos de dos semanas de antelación y solo un día después de volver del Europarlamento. Curioso.
En esta permanente amenaza, para los denunciantes de corrupción resulta imposible no preguntarse por qué no estamos en la agenda política o por qué no constituimos una línea roja (o morada) para los partidos políticos. Atesoramos años de sufrimiento a nuestras espaldas, injusticias, desahucios, deudas jurídicas, incontables mudanzas, situaciones penosas… pero nada de ello hace que los políticos nos consideren lo suficientemente relevante como para incluirnos en una negociación presupuestaria ni para calificarnos como una línea roja o ‘morada’. Y resulta desesperante, además de incomprensible.
Ello no quiere decir que no recibamos ayuda, de hecho, en el Parlamento Europeo estuve gracias a dos partidos políticos, Esquerra Republicana de Catalunya y Unidos Podemos, y en muchos otros foros políticos, autonómicos o locales, hemos sentido el mismo apoyo. Pero este soporte se diluye, incomprensiblemente, en el Congreso de los Diputados.
Pensemos en el último acuerdo entre el PSOE y Unidos Podemos. Conste que me parece un gran acuerdo, histórico diría, y que será necesario explicar a la ciudadanía la importancia de sostener o mejorar el equilibrio de fuerzas actual en las próximas elecciones (cuantos más escaños tenga el PSOE y menos Unidos Podemos, peores acuerdos se conseguirán para la ciudadanía; y a la inversa), pero ¿cómo puede ser que no estemos los denunciantes de corrupción y nuestra protección en dicho acuerdo? ¿Cómo puede ser posible que se nos olvide en un momento tan importante? La respuesta solo puede ser que somos intrascendentes políticamente hablando.
Quizás se deba a que no somos colectivo numeroso, por lo que no suponemos votos, o a que somos incómodos, pues solemos callar más bien poco. Lo desconozco, pero la protección de los alertadores y denunciantes de corrupción se antoja imprescindible en un país cuyas pérdidas por corrupción suponen entre 50.000 y 100.000 millones de euros al año, según diferentes estudios (la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, la cifra en 90.000 millones de euros). Es decir, en España entre el 5% y el 10% del PIB se pierde en corrupción todos los años. De hecho, el coste del acuerdo PSOE y Unidos Podemos se cifra en unos 5.000 millones de euros, lo que supone unas 20 veces menos de lo que se pierde en corrupción.
Pero lejos de conseguirse la mencionada protección, la represión continúa. El último caso conocido es el cese de Macarena Olona, una abogada del Estado especializada en corrupción que trabaja en Mercasa. Cese que impediría a la misma declarar en el caso de corrupción investigado. Mercasa es una empresa pública en la que se sospecha de comisiones de 20 millones de euros que afectarían tanto al PP como al PSOE. Y que sea el Gobierno de Pedro Sánchez el que la cese huele bastante mal.
Europa aprueba una nueva directiva
Dado que los políticos españoles no han sido capaces de aprobar una ley de protección a los alertadores o denunciantes de corrupción (la propuesta existente de Ciudadanos de aprobarse sería catastrófica), será la Unión Europea la que previsiblemente apruebe una directiva al respecto. Directiva que debería suponer un antes y un después en España. Igual que es Europa la que alienta y premia a los denunciantes de corrupción, como es el caso de Ana Garrido, galardonada en este octubre de 2018 con el Premio Transparencia Internacional entregado en Dinamarca.
Los denunciantes esperamos que la aprobación de esta directiva suponga un cambio en el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, un gobierno que, si bien en la oposición siempre resultó muy cercano a los denunciantes, en el poder está comportándose con nosotros igual que el Partido Popular, pues lejos de reparar el daño causado, a día de hoy ni tan siquiera contestan al teléfono. Comportamiento muy triste y muy habitual en los partidos políticos, especialmente el PSOE, pero que debe corregirse por propia iniciativa o en su defecto por la presión del resto de partidos políticos que les apoyan (Unidos Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya, PdeCAT…).
Los denunciantes de corrupción nos jugamos recuperar o no perder nuestras vidas ni nuestros futuros, pero los ciudadanos se juegan casi 100.000 millones de euros anuales.
Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra y autor de ‘El libro negro del Ejército español’.
Texto publicado inicialmente en Público
