El fenómeno de las patrullas ciudadanas contra los carteristas será una novedad en Barcelona, pero en Tarragona nos acordamos muy bien cuando los agricultores, hartos de que les expoliaran cosechas, maquinaria y les destrozaran sistemas de riego buscando cobre, también salieron a patrullar para protegerse.
En Lleida, los agricultores también tuvieron que organizarse en somatenes para frenar una sangría sin fin de su modo de vida. Tan bien funcionaban estas patrullas que el por aquel entonces conseller de Interior, el controvertido Felip Puig, bendijo y auspició los somatenes, como complemento – por no decir parche- de los Mossos d’Esquadra. Ahora bien, con ciertas condiciones como no ir armados –por suerte, nuestra tierra no es Texas-, no enfrentarse a los ladrones y avisar en seguida a la policía, los verdaderos profesionales de la seguridad.
Cuando Interior cambió de manos, el Parlament de Catalunya aprobó una moción para ponerles fin. Poco contaban, sin embargo, de que los somatenes se resistieron porque los robos habían disminuido.
Es totalmente lógico que las fuerzas policiales desconfíen de las patrullas ciudadanas. Ni tienen formación ni son profesionales y lo que no sucede en toda una vida, puede pasar en un minuto. Como un ladrón sorprendido por los somatenes con las manos en la masa que murió de un ataque al corazón mientras le perseguían. La investigación no atribuyó esa muerte a las patrullas rurales, pero ahí queda.
Si una de las definiciones de estado es tener el monopolio de la violencia, hay que analizar bien qué son las patrullas ciudadanas en este contexto.
Centramos el foco en los somatenes porque son lo más llamativo, pero si lo abrimos, encontraremos muchísimos más ejemplos de que la gente toma las riendas cuando se hartan de que las autoridades y las administraciones no hagan su trabajo. Un trabajo que, no lo olvidemos, lo paga quien al final, harto de dejadeces, se arremanga y tira por la vía rápida.
Mare Terra Fundació Mediterrània, por ejemplo, hace de patrulla ciudadana de vigilancia y control del medio ambiente, al igual que un buen puñado de entidades ecologistas.
Gracias a la mensajería instantánea, han surgido grupos de voluntarios que limpian montes y playas.
Un grupo de tarraconenses, bajo el nombre de Tarragona TT, denuncia la suciedad en Tarragona y, entre muchas otras geolocaliza contenedores desbordados o vertederos ilegales.
Un grupo de usuarios del parque de la Ciutat, hartos de tener el pipican en malas condiciones, lo arreglaron ellos mismos.
La aplicación Epp del ayuntamiento de Tarragona invita al ciudadano a ser una suerte de policía cívica digital.
Pero tal como la seguridad y el monopolio de la violencia no debe dejarse en manos del ciudadano para evitar la ley del más fuerte –es decir, una jungla-la administración no puede, en ningún caso, dejar en manos de la gente el control de la seguridad ambiental.
Tampoco puede permitirse el lujo de transmitir relajación y laxitud a la hora de controlar episodios de contaminación, de fallos de seguridad o el gran error de que salga más barato pagar la multa si te pillan que no hacer las cosas bien hechas desde el principio.
Una vecina de la Part Baixa publica, cada día en sus redes sociales, los análisis de la calidad del aire de los medidores que tiene instalados en sus casas. Si dice “hoy es buena”, es más creíble que toda la administración junta. Pensemos en ello.
Y pensemos también en los recursos que tenemos, como ciudadanos obligados a patrullar, para que las administraciones hagan su trabajo y no nos obliguen a denunciarlas por prevaricación ni dejadez de funciones.
Ángel Juárez Almendros es presidente de Mare Terra Fundació Mediterrània, de la Coordinadora d’Entitats de Tarragona y de la RIET
