Hoy publicamos el último artículo que el presidente de Mare Terra Fundació Mediterrània y de la Red Internacional de Escritores por la Tierra (RIET), Ángel Juárez, ha escrito en su blog ‘Reflexiones’. En esta ocasión, Juárez analiza la venta de la incineradora de residuos especiales (es decir, peligrosos) del pueblo de Constantí, y reflexiona sobre los límites a los que pueden llegar las administraciones públicas a la hora de poner en riesgo la salud de sus ciudadanos.
‘Privatizar el riesgo’
En Constantí, un pueblo situado a pocos kilómetros de la ciudad de Tarragona, está ubicada la única incineradora de residuos industriales especiales que existe en toda la Península Ibérica. Por si alguien no lo ha pillado, ‘residuos industriales especiales’ (antes conocidos como tóxicos y peligrosos) se puede traducir por ‘residuos potencialmente peligrosos para la salud de las personas y del medio ambiente’. Los que nos dedicamos a la protección de la naturaleza sabemos que hay muchas personas en este mundillo que adoran los eufemismos…
Esta incineradora es una de las más modernas y seguras de Europa. Nunca ha habido incidentes destacados y todo parece funcionar bien. De ello se encarga desde hace años una comisión de seguridad, que trabaja para que el impacto que pueda tener en la salud de las personas y en el entorno natural sea inexistente.
Un pequeño detalle que aún no he comentado es que esta planta de residuos está siendo explotada por una empresa privada, si bien pertenece a la Generalitat de Catalunya… de momento. Y es que el Govern ya la intentó vender en 2013, pero no encontró comprador. Sin embargo, como para algunas cosas son muy persistentes, este verano el director de la Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, anunció que volverían a intentarlo, no sin antes llevar a cabo una rebaja en el precio final. Los descuentos han llegado a la Generalitat. Ya sólo falta que hagan una promoción y ofrezcan un 2 x 1, como en El Corte Inglés.
En los últimos tiempos, la Generalitat, en un desmedido furor recaudador, ha decidido privatizar algunos sectores que tradicionalmente han sido públicos. Esto no es así por capricho, sino porque son básicos para la sociedad y se consideran pilares del estado de bienestar. Hay ejemplos recientes con la gestión de la sanidad, del agua o de las basuras… Todo está a la venta. Bueno, todo no, sólo aquellas cosas que el ser humano siempre necesita y por lo tanto, haya crisis o no, son rentables y generan una gran cantidad de dinero. Tontos no son…
Si el Govern concreta la venta de la incineradora de Constantí, cosa a la que cualquier persona con un poco de sentido común se opone, los ciudadanos nos quedaremos a expensas de las buenas intenciones que tenga la empresa que resulte ganadora del concurso. Y yo pregunto, ¿eso es suficiente para garantizar nuestro bienestar? ¿Se puede privatizar el riesgo que puede sufrir todo un territorio? Existen líneas rojas que no se pueden cruzar, y en este caso, el Govern no sólo la ha traspasado, sino que ya camina a lo lejos y sin echar la vista atrás.
La gestión de la planta de residuos de Constantí ha sido, hasta ahora, modélica. Y los hechos nos han demostrado que las cosas que funcionan bien no hay que tocarlas. Aunque… quizás haya algo más detrás. A lo mejor en un tiempo, cuando el caso ya esté olvidado (porque nuestra sociedad padece de amnesia con demasiada frecuencia), algunos políticos aparezcan, como por arte de magia, en el consejo de administración de la empresa que gestione la incineradora. Y si alguien cree que soy un malpensado, sólo tiene que tirar de hemeroteca…
No podemos permitir que privaticen el peligro. Es nuestra salud. Son nuestras vidas. Es nuestra tierra. Si lo consiguen, habremos perdido una batalla histórica. Pongámonos manos a la obra, antes de que sea demasiado tarde.
Ángel Juárez Almendros
Presidente de Mare Terra Fundación Mediterrània y de la Red Internacional de Escritores por la Tierra
