El pasado 16 de marzo se celebró ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una jornada bajo el título ‘Canal Transoceánico y su impacto en los Derechos Humanos en Nicaragua’, en la que se analizó la repercusión que tendría la construcción del Gran Canal Interoceánico para el país centroamericano. Recordemos que la Red Internacional de Escritores por la Tierra se ha mostrado en contra de su construcción.
En la jornada participaron diversas personas a título individual y varias entidades. Una de las participantes fue Mónica López Baltodano, abogada nicaragüense especialista en medio ambiente que también es miembro de la RIET. Os dejamos con una transcripción de su intervención.
Buenas tarde, en relación a los impactos económicos, sociales, culturales y ambientales, son múltiples y masivos los cambios que ocurrirían en la configuración de los territorios, el equilibrio ecológico, el tejido social, el patrimonio cultural, el modo de vida y la subsistencia de las personas, tanto por la abrupta ruptura de la conectividad biológica como por el desplazamiento forzoso de miles de nicaragüenses.
La ruta anunciada del canal afectará directamente 7 áreas protegidas y significaría la destrucción 193 mil hectáreas de bosques diversos, pérdida irreparable de bienes naturales que prestan incalculables servicios ecosistémicos, que garantizan la sostenibilidad hídrica del país y dan hogar a nuestra riqueza biológica.
Se verán afectados 13 municipios en los que vive una población estimada de más de 373,000 personas, de las cuales 119 mil se verán afectadas directamente, aunque aún sigue siendo un secreto de Estado el número exacto de ciudadanos que serán sometidos al oneroso procedimiento de expropiación que contempla la ley canalera, y que los despojará de sus hogares por un pago irrisorio, y sin ninguna garantía de su reubicación o restauración de sus condiciones de vida.
Seis de los 13 municipios en la ruta canalera serán divididos física, política y culturalmente en dos partes –la Nicaragua del Norte y la Nicaragua del Sur-, imponiendo una barrera física infranqueable para el tránsito de personas y especies, desestructurando así la geografía nacional, a la vez que se desgarran los lazos familiares y sociales de comunidades y pueblos enteros.
La construcción del canal impactará la producción de carnes, lácteos, tubérculos y granos básicos producidos en esas zonas, así como las actividades turísticas y pesqueras, lo que no solo incrementaría los costos de vida en el país, sino que amenazaría la seguridad alimentaria de miles de nicaragüenses.
Igualmente grave es que la concesión canalera haya establecido que los recursos hídricos y energéticos del país serán de uso prioritario para el proyecto, en detrimento de los más elementales derechos de la población nicaragüense, como es la disponibilidad de agua para la agricultura y el consumo humano.
En términos de afectaciones directas a la infraestructura, permítannos ejemplificarlo con datos que arrojan nuestros estudios en los municipios de Nueva Guinea, Tola y San Miguelito. Este proyecto dañaría al menos 96 centros educativos, 19 puestos de salud, 35 cementerios y 90 templos e iglesias. Solo en la localidad de Tola se verían afectadas al menos 2,800 viviendas.
Por otro lado, la comunidad internacional ha aprendido que es jurídicamente inaceptable y ambientalmente irresponsable la entrega de derechos y la ejecución de proyectos de inversión, sin la existencia previa de estudios de impacto socio-ambiental.
Vergonzosamente, en el caso del proyecto canalero, el Gobierno no solo ha menospreciado los valiosos recursos naturales de la nación, sino que irresponsablemente hizo caso omiso a la existencia de amenazas naturales. Hemos constatado que el 49% de la franja canalera registra un alto nivel de amenaza sísmica, adicionalmente a los serios riesgos por tormentas, huracanes, y sequías.
Pero la mayor y más peligrosa amenaza de todas, es la que pesa sobre nuestro Gran Lago Cocibolca que se constituye en el reservorio de agua dulce más importante de Centroamérica, y el lago tropical más rico de América por su enorme valor ecológico, ambiental y económico. La comunidad científica ya ha advertido que el proyecto del canal lo somete a severas amenazas de contaminación por hidrocarburos, riesgos de salinización, sedimentación, turbidez de agua e invasión de especies ajenas, cuyos resultados serían verdaderamente catastróficos.
Actualmente se estima que más de 200 mil personas suplen sus necesidades de agua potable del Gran Lago. Múltiples estudios indican que el cambio climático y el estrés hídrico en Nicaragua se agravarán en los próximos años. No hay forma de sustituir esta Reserva Estratégica de Agua Potable, como ya lo mandata claramente nuestra Ley General de Aguas.
Si el Gobierno hubiera aplicado los parámetros y metodologías existentes en nuestra legislación ambiental habría constatado que este proyecto no puede ejecutarse por su alto riesgo. Responsablemente tendría que haber decretando su inviabilidad y denegar los permisos ambientales.
El gobierno todavía puede rectificar su error. No solo porque en su esencia se trata de una concesión y un proyecto que viola la Constitución de la República, múltiples leyes nacionales, y más de 10 tratados ambientales internacionales suscritos por Nicaragua, sino porque generará impactos socio-ambientales significativos que terminarán de enterrar los más elementales derechos humanos del pueblo nicaragüense.
Mónica López Baltodano
