Mónica López Baltodano es una abogada nicaragüense especialista en medio ambiente y es miembro de la Red Internacional de Escritores por la Tierra (RIET). También es la directora de Popol Na y asesora jurídica del movimiento campesino #NOALCANAL, lo que la convierten en una de las voces más duras y más autorizadas que se han posicionado en contra de la construcción del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua (como también ha hecho la RIET). El importante diario nicaragüense La Prensa ha publicado una entrevista a Baltodano en la que ésta analiza la situación que se está viviendo respecto al Gran Canal. Os la reproducimos de manera íntegra ya que es de un alto interés (aquí podéis leerla en su enlace original, y también tenéis la oportunidad de verla en vídeo).
Era el 21 de febrero de 1984. Una multitud conmemoraba el 50 aniversario del asesinato del general Augusto C. Sandino, en la Plaza de la Revolución, Managua, donde se encontraba la comandante Mónica Baltodano con nueve meses de embarazo. Los dolores de parto la sacaron de la plaza al Hospital Militar. Ese día nacería su hija Mónica Augusta López Baltodano, quien crecería rodeada de las historias de Sandino, de Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), además de las experiencias de sus propios familiares, víctimas de la dictadura somocista.
Treinta y dos años después, López Baltodano se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la lucha de los campesinos contra la Ley que concesiona el proyecto del Canal Interoceánico al empresario chino Wang Jing (Ley 840), aprobada en 2013, bajo iniciativa del gobierno de Daniel Ortega. Ha denunciado la ilegalidad de la misma y ha investigado la red de empresas que se crearon en el exterior para gestionar la edificación de la obra.
López Baltodano ha sido víctima de acoso policial, pero ella prefiere que sus experiencias personales no sean el centro de la conversación, porque considera que lo principal es la denuncia de la que considera la ley “más injusta, onerosa y perjudicial para la soberanía del país”. En ese camino conoció a Francisca Ramírez, la líder del movimiento campesino que se ha opuesto a las intenciones del Ejecutivo, con quien comparte su intención de defender los intereses nacionales.
¿Qué creés que pasó con el Canal, por qué ya el Gobierno no habla de eso?
La concesión canalera tenía dos propósitos: el primero era vender una ilusión de progreso al país con un objetivo de corto plazo y luego generar dinero rápido, fácil y sencillo. En el largo plazo lo que va a suceder es que quienes aprobaron la concesión van a terminar hundidos en un profundo fango de desprestigio, primero porque la concesión canalera es la más onerosa entrega de la soberanía nacional en la historia de Nicaragua. Y segundo, porque hay un poderoso movimiento social que ha levantado la defensa de la soberanía y de la dignidad nacional que, no tengo la menor duda, va a terminar de inspirar al país entero.
¿Tiene algún objetivo la Ley 840 sin el proyecto del Canal?
Yo he insistido desde que empecé a denunciar nacional e internacionalmente, en que la concesión canalera y la Ley 840 son realmente un enorme cheque en blanco en el bolsillo, no solo de Wang Jing, sino de todos los intereses económicos que están en torno al proyecto, incluido el del Gobierno. Las posibilidades son múltiples, desde que la concesión puede venderse por partes a diferentes inversionistas y con diferentes intereses, no solo el Canal, sino el puerto de aguas profundas, los oleoductos, áreas de libre comercio. Quienes llaman a la concesión del Canal únicamente “un cuento chino” realmente cometen un error político importante
, porque es real que todas las facultades que tiene ese inversionista representan una cesión de soberanía y de allí la importancia de que el objetivo del movimiento social, liderado por los campesinos de la ruta canalera, es derogar la Ley 840.
¿Qué significado tiene para vos la Ley 840?
La concesión canalera significa un mecanismo ágil para hacer dinero en pocas manos a costa de la entrega de la soberanía nacional, a costa de pisotear los derechos humanos de los nicaragüenses, a costa de entregar los bienes comunes y de la naturaleza más importantes y más estratégicos que tiene el país, como es el gran lago Cocibolca. Todo el negocio está armado para pisotear los intereses nacionales y favorecer los intereses privados. La única manera de entender esto es saber que proviene de una perversión del sandinismo y de una fusión de intereses entre Ortega y el capitalismo. El programa histórico del FSLN decía que el gobierno sandinista iba a hacer una alianza obrero-campesina, una alianza antioligárquica, una alianza antiimperialista, pero ahora Ortega, de manera pervertida, dice que la alianza es con el Cosep y con Wang Jing. No hay manera de entender esta aberración que llamamos la concesión del Canal, sin entender que ha habido una fusión de intereses entre el gran capital y el orteguismo.
¿Cómo se puede explicar la forma en que se ha comportado el Gobierno con los campesinos?
No hay otra manera de entender esto que como un gesto de nerviosismo por parte del Gobierno, pero también un poco de locura, porque someter al país entero a un Estado de sitio para impedir que llegue la caravana campesina, en su protesta número 82, es únicamente el indicio de toda la irracionalidad con la que han estado gestionando la concesión de principio a fin.
¿Creés que las violaciones a los derechos humanos han aumentado con el tema del Canal?
La concesión del Canal cuando decimos que viola los derechos humanos no es en un sentido abstracto, es concreto. Y este movimiento social, que tiene más de tres años de existir, ha sido víctima de todo este manejo irresponsable por parte del Gobierno. Yo pienso como abogada que, cuando el Gobierno se fusiona y acapara totalmente el Estado, y cuando el Estado comienza a funcionar en función de intereses particulares, se rompe el pacto social, y nosotros hemos insistido en que la concesión del Canal pone en riesgo la paz social en Nicaragua y eso es lo que hemos estado denunciando nacional e internacionalmente.
¿Cómo nació tu interés por la lucha contra la Ley del Canal?
En cuanto se aprobó esa concesión (en junio de 2013), yo reaccioné sobre todo movida por una profunda indignación. Como sandinista te puedo decir que esa concesión es una traición a Sandino y a Carlos Fonseca. Mi responsabilidad era denunciarla nacional e internacionalmente desde el primer día en que se aprobó y que yo la pude estudiar como abogada en derechos ambientales que soy. Luego de eso hice un esfuerzo enorme por tratar de contribuir a construir una conciencia con las comunidades directamente afectadas, de las graves implicaciones que tiene la concesión y de cómo iba a afectar todos los derechos que ellos tienen sobre sus tierras y los bienes comunes que están en toda esa parte del país y en ese proceso logramos confluir esfuerzos entre líderes comunitarios, como por ejemplo doña Francisca (Ramírez), para impulsar un esfuerzo que ahora ha sido ese enorme movimiento campesino.
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