Artículo de Ángel Juárez Almendros, Presidente de Mare Terra Fundación Mediterrània y de la Red Internacional de Escritores por la Tierra.
Dice un refrán que “hecha la ley, hecha la trampa”. Y quiero utilizarlo en este articulo ante al asombro que me provoca la Ley de Costas del Partido Popular y sus últimas enmiendas, marco legal que diferentes comunidades autónomas recurrirán, porque se rebaja la franja de protección de nuestro litoral de los 100 metros, que ya son muy pocos, a los 20 en algunos casos.
Dicho de otra forma, y haciéndonos una idea de lo poco que son veinte metros, la Ley de Costas permite edificar a pie de arena y eso ya es el mayor descalabro que se podía hacer. Las anteriores leyes ya permitieron autenticas aberraciones que han provocado una invasión urbanística de los espacios naturales sin precedentes. Nuestras costas ya son un queso gruyere que evidencia cuanta permisividad, y en algunos casos con trato de favor, se ha permitido en años donde el medio ambiente y la sostenibilidad no tenían importancia alguna.
Pero ahora, que estos conceptos están más que consolidados y se tienen en cuenta en todos los ámbitos posibles, dar rienda suelta a más atrocidades reduciendo la zona de protección es insultar nuestra inteligencia colectiva y favorecer un desarrollo insostenible. A los nuevos casos de destrucción paisajística y natural que se darán con la nueva ley hay que sumarles todos aquellos que ya existen fruto, como decía antes, de las leyes anteriores. Hablo de construcciones de bloques de pisos, viviendas unifamiliares o establecimientos hoteleros que deberían ser, en muchas ocasiones y con la ley en la mano, derrumbados.
En otros casos donde se trate de construcciones que cumplen con las normativas básicas, aun con la proximidad a la costa, y cuentan con el apoyo social, se pueden hacer excepciones. En la ciudad de Tarragona tenemos, tuvimos mejor dicho, un ejemplo claro. Allí existen los restos de una edificación, el Fortín de la Reina, que años atrás fue espacio de malevaje y consumo de drogas. En su momento se aprovechó la estructura antigua existente para levantar un restaurante que fue emblema de la ciudad. Pero más tarde la justicia ordenó su derribo inminente y ahora es de nuevo un espacio condenado al abandono.
Pero la misma justicia no dictó sentencia contra otras tantas construcciones a pie de costa que también, y por la misma regla de tres, incumplen la normativa y deberían desaparecer. Curiosa es ésta vara de medir que salva a algunos y condena a otros. Curiosamente hay miles de construcciones levantadas en dominio público, en zonas de servidumbre, que con la nueva ley serán amnistiadas. Todas ellas pagan tributos al estado por la ocupación de este espacio público. Como todos aquellos establecimientos que abren en verano, los chiringuitos ya sean móviles o cimentados y estáticos, que también pagan impuestos por la ocupación del espacio. Se entiende que la formula de recaudar a costa del medio ambiente es más factible que imponer lo que marca la Ley de Costas. Hecha la ley, hecha la trampa.
Andalucía, Asturias, Canarias, Catalunya y el País Vasco. Estas cinco comunidades autónomas, que cuentan con más de la mitad del litoral español, recurrirán la ley y entre los motivos que argumentan están los usos turísticos del espacio y la invasión de las competencias que tienen en este sentido los gobiernos autonómicos y los propios ayuntamientos. De nuevo se toca el bolsillo y se pasa por el forro el medio ambiente.
Y por si fuera poco el desatino del PP con su Ley, ésta permite de nuevo celebrar fiestas en la playa y otros eventos donde las grandes multitudes colaboran mucho más en ensuciar este entorno que en respetarlo. Es un “suma y sigue” que no tiene razonamiento lógico para todas aquellas personas que nos dedicamos a intentar contribuir en la mejora de nuestro planeta. Ya se sabe que… la bondad es el principio del tacto, y el respeto por los otros es la primera condición para saber vivir. A ver si lo aprendemos todos de una vez.
