En una época en la que el periodismo está viviendo una grave crisis de credibilidad y una buena parte de los medios de comunicación se han rendido al servilismo, es cuando debemos reivindicar con más fuerza la figura del periodista de investigación que defiende su independencia por encima de todo. El periodismo de investigación, tan molesto para los poderosos como indispensable para la salud democrática de un país, ha ido desapareciendo de manera paulatina hasta convertirse en una rara avis. En este contexto, que existan periodistas como Patricia Lopez y Carlos Enrique Bayo es más necesario que nunca y por eso hay que reivindicarlos.
Patricia López trabaja actualmente en el diario Público y colabora en el espacio Tras la pista de Telemadrid. Ha publicado artículos en revistas como Tiempo, La Clave o Interviú y es autora de los libros de investigación Crímenes sin resolver, El secreto de Bretón y El rastro del asesino. Por su parte, Carlos Enrique Bayo también es redactor de Público, diario que dirigió desde el 2012 hasta el 2016. Ha sido corresponsal en Moscú (1987-1992) y en Washington (1992-1996), y ha trabajado en La Voz de Asturias, Diario de Sevilla o Diario 16, entre otros.
López y Bayo fueron los periodistas que difundieron las polémicas grabaciones del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el exdirector de la Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, que daban a entender que existe una policía política paralela. Ambos, a veces juntos, a veces por separado, investigan todo lo relacionado con las ‘cloacas del estado’, como la existencia de una brigada política que ataca a los enemigos públicos del Gobierno del PP. Han firmado artículos sobre la Operación Catalunya, el caso de Javier López Madrid, el caso Lezo o el comisario Villarejo que han marcado la agenda política en Catalunya y en España. López y Bayo han demostrado que, pese a los tiempos que corren, otro periodismo es posible.
Se les otorga un Premi Ones por ejercer un periodismo de investigación comprometido e imprescindible para garantizar la salud democrática de nuestra sociedad, por respetar los valores fundacionales de la profesión como son el rigor y la objetividad, y por denunciar la corrupción sistémica del estado y situarla en el primer plano de la agenda política internacional.
